La injusticia del despido por 'bajo rendimiento'

Desde que se aprobó y adoptó la última reforma laboral, el 13 de febrero de 2012, se empezó a extender como una epidemia el despido por bajo rendimiento, no hay cifras ni datos oficiales pero todo el mundo conoce algún caso. El despido por bajo rendimiento se encuentra dentro de los despidos disciplinarios, por el cual se acusa al trabajador de cometer faltas repetidas e injustificadas de asistencia o puntualidad; indisciplina, desobediencia u ofensas verbales al empresario o compañeros en el trabajo; transgresión de la buena fe contractual o abuso de la confianza en el desempeño; disminución continuada y voluntaria del rendimiento de trabajo; embriaguez habitual o toxicomanía si repercuten negativamente en el trabajo; o acoso al empresario o compañeros por motivos raciales, religiosos, sexuales o de discapacidad. En resumen, el empresario argumenta que el trabajador ha incumplido gravemente sus obligaciones y su rendimiento ha descendido de forma prolongada en el tiempo.

¿Por qué es el tipo de despido favorito?

Con este tipo de despido el trabajador no recibe indemnización alguna, por lo que el antiguo empleado denunciará sin dudarlo a la empresa. El juez normalmente dará la razón al trabajador, puesto que es muy complicado demostrar el bajo rendimiento de un trabajador en empresas donde el trabajo, la producción y las ventas dependen de varias personas. Si el juez da la razón al empleado y declara el despido como improcedente, la empresa tendría que pagar al afectado la indemnización correspondiente (33 días por año trabajado y un máximo de 24 mensualidades) pero en la realidad esto no suele suceder. La empresa se niega a aceptar la sentencia y a indemnizar al trabajador.

Lo peor para el trabajador está por llegar. Antes de la reforma laboral, el despedido (declarado como improcedente) tenía derecho a recibir los conocidos como salarios de tramitación, que son los salarios que deja de percibir el trabajador desde la fecha del despido hasta la notificación de la sentencia que califique el despido por primera vez. De modo que la empresa se ahorra la parte de salario que tiene que aportar a los salarios de tramitación durante todo el proceso judicial. 

A corto plazo no sirve para nada que el juez declare el despido como improcedente. Y es que, la empresa, como norma general, se va a negar a aceptar el despido como improcedente y se va a negar a pagar la indemnización al trabajador. El trabajador se verá obligado a recurrir y posiblemente a pagar varios cientos de euros en tasas judiciales, para esperar de nuevo un año, dos o tres la sentencia, que puede ser o no favorable.

El uso de este despido se está convirtiendo en algo habitual como se puede ver en estos ejemplos: aquí, aquí o aquí. Este tipo de despido se ha creado para que las empresas puedan ajustar sus plantillas y adecuarlas al contexto económico, despidiendo a los trabajadores poco productivos y nada rentables. El problema es que muchas empresas están abusando del despido por bajo rendimiento, lo están utilizando para librarse de trabajadores que llevan muchos años en la empresa y que, por tanto, suelen estar mejor remunerados gracias esa antigüedad. 

La conclusión de todo esto es que a día de hoy, despedir en España es muy barato o incluso gratis. Mientras que el trabajador se ve obligado a invertir grandes cantidades de tiempo y dinero que pueden terminar siendo en balde. 

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